El gobierno presenta una propuesta de ley 9 años de cárcel por atropellar a grupos de ciclistas

El gobierno presentara mañana una proposición de ley de reforma del Código Penal como respuesta a las demandas de los colectivos ciclistas y a la recogida de firmas de Anna Gonzalez. 

Firma y comparte la petición «No más muertes impunes en la carretera #porunaleyjusta»

Con ello se pretende que los atropellos como en ocurrido en la Oliva (Valencia) donde 3 ciclistas fallecieron puedan ser castigado con hasta con 9 años de cárcel.

Esa modificación supondría un cambio, dado que la pena máxima que se le puede imponer a la conductora que mato mientras conducía borracha y drogada a los tres ciclistas y dejo graves secuelas en sus compañeros. Es un homicidio por imprudencia grave penado como máximo con cuatro años.

La conductora que mató a dos ciclistas le retiraron el carnet en 2014 por conducir bajo los efectos del alcohol

En esta propuesta también se recoge una modificación del delito de omisión del deber de socorro. Hasta ahora si el fallecimiento de la víctima era inmediato, quedaba impune, por entender que no hay obligación de auxiliar a una víctima una vez ha muerto. Lo que se solicita, es que los con los conductores que se den a la fuga tras un accidentes de tráfico en el que haya fallecidos, se les castigue con entre seis meses y cuatro años de cárcel.

Esta proposición de ser admitida a trámite y sometida a enmiendas de los demás grupos parlamentarios.

Parece que las recogida de firmas “No más muertes impunes en la carretera #porunaleyjusta” realizada por Anna González viuda de Óscar Bautista, que fue atropellado por un camionero que se dio a la fuga sin auxiliarle esta dando sus frutos.

Los ciclistas exigimos una ley justa

La campaña #porunaleyjusta solicitaba también dar marcha atras en la reforma penal llevada a cabo por el anterior Gobierno del PP. Esa modificación suprimió las faltas del Código Penal, con ello los homicidios por imprudencia leve con resultado de muerte ya no conllevan ningún pena para el autor.

El gobierno pretende que si el conductor culpable del siniestro conduzca bajo los efectos de alcohol, drogas o con exceso de velocidad, sean considerados una imprudencia grave con resultado de muerte y por tanto puedan ser penados con hasta cuatro años de cárcel, aunque las imprudencias leves seguirían sin sanción penal.